LA ABUSIVIDAD DE LA HUELGA ESTRATÉGICA

28-07-2017

Se conoce por huelga “estratégica”, “neurálgica” o “tapón” aquella que llevan a cabo un grupo o grupos de trabajadores que, por la posición que ocupan en el proceso productivo de la empresa, tiene por consecuencia imposibilitar el desarrollo de éste y, consiguientemente, obliga al cese en la prestación de trabajo de los demás trabajadores. Básicamente, los tres elementos que caracterizan esta modalidad de actuación huelguística son:

- En primer lugar, que el derecho de huelga lo ejerce un grupo limitado de trabajadores, es decir, la huelga no es ejercida de manera general por los trabajadores de la empresa sino por un grupo significativo de ellos.

- En segundo lugar, que esos trabajadores ocupan una posición estratégica en el proceso productivo, de suerte que la paralización de esa parte del proceso productivo que desempeñan tiene repercusión sobre el proceso en su conjunto.

- En tercer lugar, que como consecuencia de este ejercicio de la huelga se paraliza el conjunto del proceso productivo y se obliga al cese en el trabajo de los restantes trabajadores que no eran hasta entonces huelguistas.


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LA INSPECCION DE TRABAJO FRENTE AL CONTROL DE LA JORNADA Y LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

09-06-2017

Como no podía ser de otra forma, y contrariamente a lo que desde algunos medios se había apuntado, la Dirección General de la Inspección de Trabajo, acaba de dictar una Instrucción, la 1/2017, en la que toma nota de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia 246/2017 de 27 de Marzo, ya comentada en esta página (El registro de la jornada diaria de trabajo no es obligatorio (A propósito de la STS de 23 de Marzo del 2017 ), y procede a adaptar a la misma su Instrucción 3/2016, de 21 de Marzo, sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias, de la que también dimos cuenta aquí (Sobre el control empresarial del tiempo de trabajo: el registro de la jornada diaria). La reiteración de la doctrina del Supremo en su sentencia de 20 de Abril del 2017 hacía insoslayable esta adecuación.


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LA PÉRDIDA DE LA AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR DEL EXTRANJERO

24-04-2017

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó hace pocos meses, concretamente con fecha de 16 de Noviembre del 2016, una sentencia en la que aborda la interesante cuestión de la calificación jurídica que merece la extinción del contrato de trabajo motivada por la pérdida de la autorización para trabajar en España de un trabajador extranjero. Para el Tribunal, como enseguida veremos, la pérdida de la autorización no puede considerarse por sí misma causa de extinción del contrato, sino causa objetiva para proceder a la extinción del mismo. La fundamentación jurídica utilizada para alcanzar esta conclusión es discutible y, en todo caso, en la sentencia se contiene un “obiter dictum”, más discutible aún. Reflexionar críticamente sobre estos términos es el propósito de esta breve nota.

Los hechos que dan lugar al pronunciamiento del Tribunal Supremo pueden sintéticamente exponerse como sigue. Dña. MM, suscribió en el año 2005 un contrato de trabajo como limpiadora con la empresa LI y, después de sucesivas subrogaciones, pasó a la empresa LP. En el año 2013, con efectos de 3 de diciembre, se le notifica la extinción de su contrato al amparo de lo dispuesto en el art. 49.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, por no contar con el permiso de trabajo legalmente requerido al ser ciudadano extranjero.


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EL REGISTRO DE LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO NO ES OBLIGATORIO

10-04-2017

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo acaba de dictar una importante y fundada sentencia que zanja el controvertido tema de si sobre el empresario recae o no la obligación de establecer un registro diario de la jornada ordinaria de trabajo. Del debate suscitado a este propósito dimos cumplida cuenta en esta web en una nota previa (Vid. Sobre el control empresarial del tiempo de trabajo: el registro de la jornada diaria), en la que alertábamos de la situación que se podía producir, por lo que la presente debe considerarse continuación y actualización / rectificación de la información contenida en aquella.


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LAS CESTAS DE NAVIDAD

19-12-2016

Con ocasión de la proximidad de las fiestas navideñas, la prensa económica se ha hecho eco de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril, en el que el Alto Tribunal aborda la cuestión de la calificación jurídica que merece la práctica empresarial de hacer entrega a los trabajadores en estas fechas de una cesta de Navidad. La prensa ha hecho una lectura escandalosa de esta sentencia, como si la doctrina en ella sentada constituyera un cambio significativo de la doctrina del Tribunal Supremo, pero una lectura detenida de la misma permite concluir que no hay tal: la Sentencia reitera la doctrina tradicional del Supremo sobre la “condición más beneficiosa de origen contractual” y no hace sino aplicarla al caso concreto que enjuicia. Por tanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico ninguna razón existe para el alarmismo con el que la prensa ha glosado la sentencia en cuestión.


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LA INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES

31-10-2016

Como es sabido el pasado 14 de Septiembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una relevante sentencia, al menos por lo que a nuestro país se refiere, que ha causado gran revuelo mediático y profunda preocupación en medios jurídicos. Dos razones fundamentales explican esta conmoción. En primer lugar, el tema abordado en la resolución del Tribunal, la regulación de los contratos temporales en nuestro país, que dada su desmesurada cifra ha estado y continúa estando en el centro del debate político. De hecho, un apartado importante de los pactos suscritos por el Partido Popular y Ciudadanos para la formación de gobierno, y que han sido hechos públicos, versa justamente sobre la necesidad de abordar reformas en este ámbito. En segundo lugar, por la factura de la propia sentencia, que no es en su formulación técnica lo sólida ni rigurosa que cabía esperar y que deja, por ello, múltiples interrogantes abiertos que van a traducirse, que están traduciéndose ya, en abundante conflictividad jurídica, a la que debería responder el legislador con una presta intervención.

La factura de la sentencia tiene una explicación que, aunque no la justifique, parece necesario explicitar: los tribunales supranacionales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a menudo dependen en exceso de la información que les proporcionan las partes litigantes sobre los Ordenamientos internos para hacerse la composición de lugar sobre la regulación interna y da la sensación de que ésta información no ha sido, en el caso que nos ocupa, lo extensa y matizada que cabría esperar.


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